Quienes tenemos un mínimo aprecio a la convivencia y valoramos la interculturalidad como fuente de enriquecimiento para todos, sabemos que el racismo, en sus distintas vertientes, nace de ríos de miedo a lo desconocido y es avivado por el fuego del desconocimiento.
Así, aparecen realidades desiguales que se instalan en nuestra cotidianidad, hasta un punto tal, que las normalizamos e institucionalizamos.
Así, los menores extranjeros migrados solos, sufren por diferentes vías. Por un lado, cargan con el peso de un proceso migratorio duro, que han llevado a cabo solos, y tras muchos intentos, en la mayoría de casos. Cargan también la pesadumbre de la nostalgia y la lejanía; tener la certeza que durante años no podrán ver a su familia. En su mochila llevan también la etapa vital en la que se encuentran, la adolescencia, y las características de ésta. En muchas ocasiones, relatos de vida traumáticos, graves incidentes con las mafias que orquestan la migración, problemas de consumo tóxico desde edades muy tempranas. Y la responsabilidad y presión de no poder fallar, de no poder actuar como niños, porque su familia necesita que sean hombres y envíen dinero a su país. A todo ello se le suma su etiqueta: inmigrantes. Muchas veces avalada por su apariencia física, por su tono de piel, o por su vestimenta.
Y nos topamos de bruces con la realidad de una política hipócrita. Un Sistema de Protección a la Infancia, (así funciona en Cataluña) que garantiza su manutención hasta cumplir la mayoría de edad. Después, los recursos para ex tutelados se encuentran completamente saturados. La Ley de Extranjería, si cuentan con documentación acreditativa de su país de origen, les permite la residencia inicial en España. En ocasiones, con suerte, les da permiso de trabajo hasta los 18 años (mientras están tutelados, ironías de la vida), y se lo quita al cumplir la mayoría de edad y salir del sistema de protección del menor. Y, desde 2019, para poder renovar el permiso de residencia como mayores de edad, deben acreditar, además de estar integrados en el territorio, unos medios de vida del 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM (Unos 2 mil €).
Por otro lado, es un derecho de los jóvenes ex tutelados, solicitar la ayuda económica y/o de vivienda al Área de Soporte de Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET), para la cual es imprescindible llevar a cabo un seguimiento con los técnicos profesionales, disponer de permiso de residencia y de cuenta de banco.
Pues bien, los bancos no abren una cuenta a los jóvenes si no disponen del permiso de residencia en formato tarjeta física (pese a tener hoja con resolución favorable de permiso de residencia), pero la Policía Nacional no da citas ni explicaciones desde hace meses, y dichas citas son imprescindibles para llevar a cabo la toma de huellas que garantice la TIE (Tarjeta de Identificación del Extranjero), con la que, no solo abrir una cuenta de banco, sino inscribirse a cursos, formaciones, escuelas, o tratar de conseguir un contrato de trabajo, para solicitar el cambio de permiso de residencia no lucrativo a permiso de residencia con derecho a trabajo.
Partiendo de la discriminación normalizada por parte de instituciones públicas, no podemos pretender, que en los ámbitos privados y la cotidianidad del día a día, no surjan situaciones de racismo por parte de la población.
Así, es habitual que una persona migrante tenga numerosas dificultades para ser aceptada en un contrato de alquiler; es frecuente ser parado por la Policía con mayor probabilidad si tu apariencia física te describe como “extranjero”; o que en tiempos de COVID-19, te reprochen que tapes tu nariz con la mascarilla “moro de m…”, como si tuvieran relación la irresponsabilidad y tu procedencia, mientras detrás pasa una familia autóctona entera sin mascarilla y la misma persona, no hace el mínimo comentario. Todo ello por no hablar de las miradas y susurros en el metro, la tienda del barrio o la entrada al colegio. La persecución en las tiendas, y como un revisor de tren se salta el supuesto orden de pedida de billetes porque ha detectado un posible inmigrante en el vagón contiguo. De todas estas situaciones, e innumerables más, somos testigos a diario, cuando hacemos acompañamientos a los jóvenes de nuestros recursos.
Con mencionadas trabas insitucionales y sociales, nos cabe plantearnos ¿estamos generando delincuentes? En el proceso de querer frenar el mal llamado “efecto llamada”, ¿estamos abocando a la okupación, drogadicción y delincuencia a jóvenes que, sus países de origen, y el país receptor se han encargado de destruir una etapa de sus vidas y, en muchos casos, condenar la siguiente?
Autora: Marina Rubio, Trabajadora Social de un equipo técnico en Servicios de Primera Acogida y Atención Integral a menores extranjeros no acompañados, Barcelona.
